Gremios periodísticos rechazan ley que crea Dirección Inteligencia
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Santo Domingo, 22 ene.- Entidades periodísticas y representantes de otros sectores temen que pueda tener consecuencias negativas en la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos la nueva ley que crea una dirección nacional de inteligencia en la República Dominicana.
Las principales objeciones han sido hechas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Sociedad Dominicana de Diarios (SDDD), la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec), la Fundación Periodismo, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) y la Fundación Periodismo
La normativa, que reestructura el sistema nacional de inteligencia, fue promulgada el pasado 15 de enero por el presidente, Luis Abinader.
GOBIERNO LA DEFIENDE
El Gobierno dominicano sostiene que la citada ley «representa un paso importante en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción», al proporcionar «la herramienta legal necesaria», recogió la SIP en un comunicado.
Pero organizaciones locales que representan a medios y a periodistas, tales como el Colegio de Periodistas y la Sociedad Dominicana de Diarios, criticaron la ambigüedad de algunos artículos de la ley y advirtieron sobre sus posibles impactos negativos en el ámbito de la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y el secreto profesional.
«FACULTADES» QUE OTORGA LA LEGISLACIÓN
Así, el artículo 11 de la nueva legislación, por ejemplo, dice que «todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas (…) estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) todas las informaciones que esta requiera (…) para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia a los fines de salvaguardar la seguridad nacional».
El presidente de la SIP, Roberto Rock, director de La Silla Rota, de México, alertó sobre una «regulación tan amplia» de seguridad nacional que «obligue a instituciones privadas como los medios de comunicación a entregar todas las informaciones que se requieran».
El artículo 8 de la Declaración de Salta de la SIP estipula que «las leyes deben garantizar el derecho a proteger la identidad de las fuentes confidenciales de los periodistas y deben permitir el uso de herramientas de encriptación o cifrado».
ADOCCO TAMBIEN RECHAZA NORMATIVA
Previamente, este domingo la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) rechazó esta normativa al entender que la misma podría tener la interpretación y aplicación que el Gobierno quiera darle, violando los derechos fundamentales de las personas.
FUNDACION DICE LEY ATENTA CONTRA DEMOCRACIA
La Fundación Periodismo advirtió acerca de los riesgos que para la ciudadanía y el sistema democrático que vive República Dominicana representa la referida legislación.
Afirma que es peligroso dejar en manos de una entidad controlada por el Poder Ejecutivo, en un país de instituciones «débiles» y donde todo «se politiza», el derecho de decidir y actuar contra quienes se considere estarían conspirando contra la llamada seguridad nacional.
“La ley 1-24 es atentatoria al ejercicio de los derechos civiles y políticos que garantiza la propia democracia, por lo que en su esencia representa el riesgo de que volvamos a trillar caminos que este país superó a base de sangre, dolor y luto”, sostiene la entidad en documento de prensa.
Indica que es deber de todos los dominicanos enfrentar y evitar a toda costa cualquier intento favorable al resurgimiento de prácticas dictatoriales, que se justifiquen en una supuesta defensa de la seguridad nacional.
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