Además de Zulinka, otros 15 miembros de la orquesta de Rubby recibieron “apoyo económico” de parte familia Espaillat
Zulinka Pérez (Ilustración: END)
Según el concepto de la ayuda, estos recursos eran un apoyo económico “destinado a cubrir y solventar gastos médicos, personales y cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del colapso de la infraestructura donde operaba el establecimiento comercial conocido como Jet Set, incluyendo la afectación que pueda haber recibido como empleada y miembro de la orquesta del señor Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido popularmente como Rubby Pérez”.
Otros que recibieron
Otros integrantes de la agrupación que también recibieron su apoyo fueron Aníbal Arodi Albuerme Rosa, Deivis Alberti Antigua Paulino, Esdras Hernández Segura, Jean Carlos Ubiera Payano, Jordy Ramírez Matos, Juan Luis Gómez y Junior Radhaméz Sánchez Pérez.
De igual manera, Manuel de Jesús Tatis, Martín José Encarnación Pineda, Misael Abreu Cruz, Máximo Leonardo Núñez Díaz, Raúl Andrés Castro Valerio y Teófilo Blas Dimil Reyes Céspedes.
Aclaración de Zulinka
Tras darse a conocer la información de la emisión del cheque, Zulinka aclaró este jueves que dichos recursos fueron como compensación por ser parte de la orquesta, no por ser hija de Rubby Pérez.
“Como comprenderán, dejamos de percibir ingresos a nivel laboral, aclaro lo anterior, puesto que no se trata de como han querido insinuar, esto es una compensación como miembro de la orquesta, no como hija de Rubby Pérez”, expresó.
Añadió que lo único que quiere es que se respete el legado de su familia y la dignidad de sus padres.
Sobre la acusación
Por el caso, los hermanos Espaillat fueron acusados por el Ministerio Público de homicidio involuntario alegando que hubo «negligencias graves» de su parte que contribuyeron con el desplome del techo de centro de diversión.
Ayer miércoles la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional les impuso presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de 50 millones de pesos como medida de coerción.
De inmediato, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó “como una burla a las víctimas” la decisión de la jueza Fátima Veloz, al tiempo de anunciar que apelarán dicha decisión.
“Creemos que el tribunal no ha valorado en su justa dimensión los hechos”, dijo Camacho.
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