Denuncian falta de fondos para la ley sobre autismo en el 2026

 

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Tras una revisión directa del Presupuesto Ciudadano 2026, publicado

por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), se constató que la

Ley 34-23 no figura como partida presupuestaria específica, programa

institucional ni como gasto condicionado por ley, a pesar de tratarse

de una legislación vigente que reconoce derechos fundamentales en

salud, educación e inclusión social.

Maxi Feliz, defensora de los derechos neurodivergentes, madre azul y

activista social, denunció públicamente la no asignación de fondos

suficientes y específicos en el Proyecto de Presupuesto General del

Estado 2026 para la implementación de la Ley 34-23 sobre el Trastorno

del Espectro Autista (TEA), situación que mantiene en estado de

vulnerabilidad a miles de familias dominicanas.

Tras una revisión directa del Presupuesto Ciudadano 2026, publicado

por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), se constató que la

Ley 34-23 no figura como partida presupuestaria específica, programa

institucional ni como gasto condicionado por ley, a pesar de tratarse

de una legislación vigente que reconoce derechos fundamentales en

salud, educación e inclusión social.

La Ley 34-23 establece en su artículo 53 la obligación del Estado de

asignar los recursos necesarios para garantizar su ejecución. La

ausencia de una asignación clara en el presupuesto 2026 configura un

incumplimiento legal que afecta derechos fundamentales protegidos por

la Constitución Dominicana y por tratados internacionales ratificados

por el país.

Esta omisión presupuestaria se produce luego de años de espera por

parte de la comunidad azul, que confió en que la aprobación de la ley

representaría un cambio estructural real. Sin recursos asignados, la

ley permanece sin efectos prácticos.

Maxi Feliz recordó que el presidente de la República, Luis Abinader,

ha reconocido públicamente que la ley aún no cuenta con los fondos

necesarios, pero advirtió que los derechos de los niños con autismo no

pueden seguir sujetos a promesas futuras ni a presupuestos que los

omiten.

Finalmente, hizo un llamado firme a las autoridades para que se

incluya una partida presupuestaria específica para la Ley 34-23, se

definan responsables claros, se garantice transparencia en la

ejecución y se reconozca el autismo como una causa país que requiere

voluntad política real. “La comunidad azul no exige privilegios. Exige

cumplimiento de la ley. Porque sin presupuesto no hay derechos, y la

espera prolongada también vulnera”.

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